Socialismo
de mercado, según Roemer
Juan José Angulo de la Calle
En
el texto “Un futuro para el socialismo” Roemer describe que las
economías socialistas fracasaron por basarse en la planificación
centralizada. La planificación es un sistema que genera problemas:
es dirigido con demasiado rigor (está controlado por organismos
estatales estrictos con programas petrificados y no tiene capacidad
adaptativa), carece de incentivos y no tiene capacidad de movilidad
(por falta de competitividad).
Los
regímenes del Este, sus Estados, ejercían un poder excesivamente
estricto, petrificado, restrictivo, totalizante y totalitario sobre
lo económico (además de lo político y social). Dicho modelo
económico provoca dificultades para ajustar cuentas en las empresas
estatales y hace que sean menos viables.
Las
economías planificadas teóricamente fomentaban que la producción
se dirigiese bajo el principio del bien de todos.
Los
dirigentes socialistas decían que procuraban que los trabajadores
colaborasen o se comportasen en la producción pensando en el
bienestar general. Sin embargo, la mayoría de la gente no se sintió
motivada a servir a la causa del bien público exclusivamente y se
dedicaba a procurarse sus intereses materiales particulares.
Era
un tipo de trabajo seguro, en el que los empleados no vislumbraban
una recompensa inmediata y apreciable al duro esfuerzo.
Carecían de incentivos
suficientes como para estar dispuestos a producir el máximo posible.
Si daba igual trabajar mucho o lo justo (incluso el mínimo esfuerzo)
porque no había diferencia de retribución (no se ofrece incentivos
positivos) y porque no había riesgo a sanciones (no había
incentivos negativos), entonces los productores no tendían a la
productividad.
En
un sistema de salarios rígido e inamovible, sin que permita la
recompensa por méritos, los trabajadores se ven sin motivación para
mejorar o para realizar sus tareas de la forma más óptima. No se
tienen en cuenta las eventualidades resultantes de los factores
humanos, ni siquiera las eventualidades de cualquier tipo.
Los
planes son estrictos y con una visión cerrada de las posibilidades.
Se cierra a las posibilidades mejores y no es posible que los
gestores viesen cómo alcanzar mejoras de la forma más precisa. No
tenían en cuenta la posibilidad de errores, ni tenían presente el
comportamiento, inquietudes y motivaciones reales de las personas
trabajadoras.
Son
necesarios los incentivos, sobre todo los incentivos positivos.
Incluso en el capitalismo se usa más los incentivos positivos, dado
que la posibilidad abierta a promoción en las empresas privadas, con
aumentos salariales, hace que los trabajadores busquen hacer carrera
en la empresa y se esfuercen por conseguir méritos, produciendo
más.
En
una economía socialista, si se quiere procurar que los trabajadores
se sientan motivados y que interioricen la productividad, se deben
dar incentivos de tales características (promociones, puestos de
trabajo con tareas menos costosas o atractivas, mejores condiciones u
otras características deseables).
De
esa manera, los trabajadores contribuirían a mejorar la producción
de las empresas socialistas por puro interés personal, por
considerar que va a conseguir más recursos para sí mismo.
Otro
problema generado por la economía planificada, es que la falta de
competitividad producía que no hubiese diferentes empresas dedicadas
a la investigación tecnológica y que procurasen ir a ritmos
acelerados en sus descubrimientos con el fin de ganar a una
competencia inexistente.
El
desarrollo tecnológico solo disponía de la fuente estatal, que
carecía de la necesidad de conseguir innovación tecnológica a alta
velocidad (no existía la presencia de rivales a los que hubiese que
adelantar).
Existía
falta de innovación tecnológica en el bloque del Pacto de Varsovia
durante la posguerra por la falta de información sobre productos
industriales vanguardistas y solo se contaba con una versión
petrificada bajo un único modelo (el del estado).
Y
el Estado, además, destinaba a sus mejores ingenieros y científicos
a la investigación militar. En un sistema de tales características
no era posible la gratificación en el consumo de productos de
calidad y, así, no proporcionaba una oferta atractiva como para que
el consumo fuese atractivo y en grandes proporciones.
Todo
ello generó problemas en el crecimiento y desarrollo de la economía
de los países del Este, generando problemas importantes en su
situación material y social.
Roemer
entiende que el colapso del bloque del Este es una oportunidad para
buscar otros modelos de socialismo más allá de la planificación
estatal y se introduce en el debate inciado por Lange y Hayek acerca
de la posibilidad de la construcción de un socialismo de mercado.
Por un lado, Lange
entendía que la
teoría neoclásica de los precios demostraba la posibilidad de
combinar plan central y mercado.
Por
el otro, Hayek tenía una visión opuesta a Lange y entendía que la
planificación subvierte el núcleo que da vitalidad a la economía).
Comienza
indicando que las críticas que se realizaron contra la planificación
son demasiado precipitadas, dado que las propias grandes empresas
privadas son organizaciones centralmente planificadas (sus
transacciones internas no están mediadas por un sistema de precios)
y están dirigidas de forma centralizada por ejecutivos contratados
para representar las intereses de los accionistas.
La
empresa privada no funciona exactamente bajo el mando de los
propietarios, de hecho reciben apoyo y ayudas de instituciones
públicas y de otra índole.
Por
tanto, no se puede decir que el desarrollo económico sea resultado
de un limitado número de personas inversoras, sino que es una
cuestión en la que puede haber intervención pública y es resultado
de una acción colectiva (todas las personas participantes en la
empresa, aunque no sean directivas y tengan poder de decisión).
Gracias
a las actuaciones colectivas no cooperantes en las empresas y la
ayuda de otras instituciones, el mercado se convierte en un entorno
que permite el desarrollo de la economía.
Si
la economía capitalista solventa sus problemas y se organiza por
medio de instituciones ajenas a ella, entre ellas cierta intervención
pública y coordinación colectiva, entonces es posible el diseño de
un socialismo dentro de una estructura de mercado.
Si
organizaciones ajenas a las empresas, como el estado y los
consumidores, afectan a las empresas privadas, es viable el que
organizaciones sociales puedan controlar las empresas y desenvolverse
en el mercado sin perjudicar la economía.
Lo
descrito indica que quizás sea probable que organizaciones
socialistas, colectivos sociales, sindicatos y asambleas obreristas,
puedan tomar el poder de las empresas y gestionarlas sin que sean
propiedad del estado y bajo el seguimiento de un programa de
planificación, sino en un libre mercado en la que las empresas no
sean de propiedad privada (o al menos no están sujetas a la
dominación de la clase propietaria de los medios de producción).
Según
el marxista analítico John Roemer, son potencialmente posibles
diversos tipos de mercado. La cuestión que plantea el autor es si es
posible una mejor distribución de los recursos, esto es, si hay
modos de realizar reasignación de beneficios de forma que sea más
igualitaria (en un socialismo de mercado).
Roemer
va a describir como se puede conseguir la igualación de las rentas,
la eliminación de formas de dependencia, subordinación y dominación
en otro modelo socio-económico, en una estructura económica y
social diferente, no existente, pero que bajo su criterio es
teóricamente viable. El
nuevo modelo, tendrá como estructura la economía de mercado, pero
en la que se consigan los objetivos del socialismo (tal como los
entiende Roemer).
El
objetivo del socialismo es el logro de la igualdad de oportunidades
al acceso de: 1) la autorrealización (es decir, acceso a medios que
permitan el desenvolvimiento de las inquietudes personales, fuera de
la imposición de tareas ajenas a cada individuo o alienantes) y
procurar unos mínimos de bienestar (acceso a recursos que permitan
la subsistencia y la calidad de vida), 2) influencia política, y 3)
estatus social.
Una
sociedad socialista no tiene por qué procurar la igualdad de
bienestar, sino la igualdad de oportunidades que permitan el logro
del bienestar.
Según
Roemer, si el estado procurase la igualdad de bienestar tendría como
objeto el procurar unos proyectos que requieren el esfuerzo de los
individuos. Roemer pone el ejemplo del objetivo de subir la montaña
del Everest, la sociedad no ha de procurar dinero o medios a todas
las personas para que puedan llegar a hacerlo, sino dar las
oportunidades para que pueda llegar a alcanzar con el esfuerzo y
trabajo de las personas interesadas a cumplir su objetivo.
Es
una igualdad de oportunidades de bienestar que impone una
responsabilidad de elegir objetivos de bienestar razonables.
La
sociedad socialista ha de permitir una mayor capacidad (opciones)
para que las personas puedan realizar sus proyectos vitales en
igualdad.
Ha
de procurar que las personas puedan tener posibilidad de influir
políticamente y alcanzar estatus sociales (cargos de trabajo, de
gestión de recursos y políticos en distintas graduaciones de
responsabilidades y reconocimiento).
Solo
habrá igualdad de oportunidades real en el caso de que no haya
minorías dominantes que acaparen el poder económico, político y
social, y que, por tanto, impidan a otros grupos sociales (a personas
de otras clases) el acceso a recursos, poder y medios.
Por
ejemplo, la propiedad o el poder que tienen las clases altas de los
medios de producción o subsistencia, su acaparación, obliga a los
desposeídos a trabajar para las clases altas porque no disponen de
los recursos que son producidos por los medios de producción y se
tienen que plegar a las condiciones establecidas por los empresarios,
al depender de ellos.
Roemer
entiende que se ha de construir una sociedad igualitarista que no
impida a grupos sociales el acceso a los medios que permitan la
autorrealización, el bienestar, la capacidad para ejercer cierto
poder político y la posibilidad a mejorar nuestra condición social
(estar en cargos que gocen de reconocimiento).
Se
tiene que buscar (o imaginar) un modelo socio-económico o estructura
económica, política y social que permita el cumplimiento de los
objetivos del socialismo (tal como lo define Roemer).
Dicho
modelo cuya producirá y distribuirá bienes y servicios en unas
relaciones sociales igualitarias. En ellas no se impedirían las
oportunidades a la obtención de la autorrealización, el bienestar y
la promoción o elevación a cargos honoríficos. Roemer busca una
sociedad sin jerarquías, sin formas de dominación ni de dependencia
o subordinación, y en igualdad de oportunidades.
Desde
Marx, se ha entendido que la injusticia del capitalismo está
localizada en la explotación y que la fuente que da origen a la
explotación es la propiedad privada de los medios de producción
(por estar acaparados por una minoría que obliga a la mayoría a
aceptar sus condiciones y distribución, al tener en poder los medios
necesarios que crean los recursos, permitiendo que se pague un sueldo
y no que se pague lo que las personas trabajadoras producen).
A
partir de entonces, los marxistas han concluido que se ha de eliminar
la propiedad privada y el marxismo-leninismo ha interpretado que la
abolición supone su sustitución por una propiedad estatal de los
medios de producción.
Ya
se ha descrito que el autor es crítico con respecto a la economía
planificada estatal (provocó el colapso del bloque del Este, según
Roemer) y por ello defenderá que se deben buscar otros modelos de
estructura económica-social. Roemer entiende que dicho salto a la
planificación no es necesario: se puede sustituir la propiedad
privada por otros tipos de propiedad.
Hay
muchas formas por medio de las cuales el público (la gente) puede
tener cierto control sobre las empresas (de forma que él lo domine y
no al revés) y superen los fallos del mercado convencional.
Por
ejemplo, las organizaciones de consumidores pueden ofrecer
información aproximada de la cantidad y calidad de los bienes y
servicios que necesita la población, lo cual permitiría una oferta
realista y adecuada.
A
partir de lo expuesto, Roemer tendrá que describir los modelos
alternativos a la propiedad estatal, que él ha encontrado en las
distintas formas de socialismo de mercado.
La
historia del socialismo de mercado surge a partir de las décadas de
los años 30 y 40, a partir de los textos de Hayek y Lange. Durante
ese período Hayek descubrió que el socialismo necesitaba el sistema
de precios para llevar la contabilidad del cálculo económico.
Más
adelante, describió que se podría calcular los precios que
permitiesen el equilibrio general en una economía socialista
resolviendo un complicado sistema de ecuaciones simultáneas por
medio de ordenadores potentes.
Lange
respondió que los mercados reales son necesarios para lograr el
equilibrio general socialista (una agencia central de planificación
no podría realizar el cálculo, dado el volumen de la información
requerida).
Una
cuarta fase del desarrollo del socialismo de mercado fueron las
reformas del mercado en los países de economía socialista:
Yugoslavia después de 1950; Hungría después del Nuevo Mecanismo
Económico de 1968; China con las reformas que empezaron en 1978 y la
Unión Soviética a partir de 1985.
Todos
los experimentos no eran de socialismo de mercado tal como lo había
planteado Lange, dado que los precios no eran libres, no se permitió
que la competencia modificase la conducta de empresas estatales, ni
se permitió la competencia en el mercado internacional y había
todavía cierta planificación.
Había
control de precios y presencia de instrucciones generales en
asociaciones industriales en la URSS y los países del pacto de
Varsovia; había planes indicativos en ramas industriales en Hungría
e influencia sobre los precios indirecta por medio de impuestos, o
por asignar tasas de interés para créditos de inversión
diferenciadas por sectores; existía planificación indicativa en
Yugoslavia; y el sistema chino era de planificación cooperativista:
se combinaba la autonomía de las comunas con una planificación
central mediante planes indicativos y centralización de las compras
de lo producido por organismos comerciales estatales.
Incluso
el modelo yugoslavo, que tenía ciertas características del modelo
de socialismo de mercado, tenía formas de control centralizado. En
Yugoslavia había una red de empresas gestionadas por trabajadores en
la que no se impedía, en principio, la competencia entre las
empresas. Sin embargo, había restricciones por parte del estado.
Las
operaciones empresariales estaban restringidas, se obligaba a
contratar sin necesidad a trabajadores, las importaciones estaban
restringidas y los ejecutivos eran nombrados por las autoridades
políticas. Los modelos
presentes, ni siquiera yugoslavo, no se ajustaban adecuadamente a la
idea de socialismo de mercado, por lo que recibieron críticas.
Durante
este periodo Kornai denuncia la intervención estatal, los préstamos,
precios “blandos” (manipulados desde el estado) y de impuestos
“blandos” (fácilmente modificables por los gobiernos) que
otorgaban los estados socialistas de forma segura.
Si
había algún riesgo de quiebra, se contaba con el rescate de medidas
estatales, por lo que el salvamento estaba asegurado y se carecía de
riesgos o incentivos negativos: fueran cuales fueran las actitudes de
los directivos de las empresas se quedaban en la misma situación y
no se tomaban en serio las directrices centrales porque se hiciese lo
que se hiciese siempre acababa la empresa igual.
No
iba a haber consecuencias aunque llevase mal las cuentas, ya que
siempre sería rescatada la empresa. Dado
que los ejecutivos tienen asegurado su puesto (por pertenencia al
partido) y no tienen sanciones ante fracasos económicos de las
empresas, ellos carecían de incentivos negativos suficientes como
para procurar hacer viables las empresas por sí solas.
Al
no haber consecuencias por la seguridad que dan los rescates del
estado, no procuraban mejorar el funcionamiento de las empresas
porque fuera cual fuese su actitud tendrían el mismo estatus y no se
verían perjudicados. Tiene que haber incentivos para que haya un
buen funcionamiento de las empresas socialistas, de forma que los
ejecutivos obedezcan las reglas del mercado por interés.
En
la quinta fase del debate, los partidarios del socialismo de mercado
reclaman que se debe eliminar las empresas públicas (en el sentido
de control estatal exclusivamente) y los precios no deben ser fijados
por planificadores sino por el mercado, dado que el funcionamiento de
la planificación con empresas estatales no generan incentivos
suficientes como para que los ejecutivos se esfuercen por lograr una
mayor productividad y crecimiento económico.
El
modelo de socialismo de mercado descrito seguía siendo socialista
porque la propiedad de las empresas no era planteada como privada (no
podrían haber clases poseedoras y dominantes) y la distribución de
los beneficios sería relativamente igualitaria.
La
propiedad sería colectiva, las empresas pertenecerían a las
personas trabajadoras que realizan su actividad productiva en ella.
Por un lado, este tipo de empresas serían gestionadas por los
empleados a través de comités representativos u otras
instituciones, y, por el otro, las empresas competirían entre sí.
Tiene
como característica de mercado la ausencia de planificación y la
competitividad entre empresas. Pero se puede seguir llamando
socialistas por su régimen de propiedad, su gestión de la empresa,
así como su distribución igualitaria de los beneficios.
En
un modelo económico de socialismo de mercado no cabría la
posibilidad del surgimiento de personas privilegiadas que gozasen de
mayores oportunidades para el alcance de los puestos altos. Nadie
tendría capacidad para situarse por encima del resto imponiendo sus
condiciones, creando formas de dependencia y subordinación e
impidiendo que haya igualdad de poder sobre las decisiones
empresariales.
Roemer
entiende que el socialismo de mercado es una alternativa viable (en
la competitividad del mercado hay gran capacidad de innovación y el
crecimiento económico suele ser estable) al socialismo estatalista o
de economía planificada. Es un modelo que tiene en cuenta el
carácter e intenciones de las personas del presente (compuestas por
deseos acerca de ganancias personales), ya que tendría en cuenta la
necesidad de incentivos en las empresas.
Un
socialismo de mercado podría ser establecido a través de cambios
progresivos políticos y económicos, resultado de la lucha obrera
(parones, manifestaciones, huelgas) y de alianzas entre partidos
socialdemócratas, partidos socialistas, sindicatos y movimientos
sociales. A través de la lucha social, se pueden establecer cambios
que fomenten una mayor democracia en la economía y en la política.
Roemer,
en cualquier caso, ve tres posibilidades de socialismo de mercado: 1)
una estructura económica compuesta por empresas gestionadas por
trabajadores (EGT: cooperativas o formas de propiedad colectiva de
las empresa por los trabajadores); 2) gestión tradicional pero con
distribución igualitaria y sin propiedad privada; 3) propuestas que
no contemplan cambios en derechos de propiedad.
Empresas
Gestionadas por los Trabajadores
Las
EGT están gestionadas por los trabajadores. Las decisiones de la
empresa las toman los trabajadores. Ellos controlan la distribución
de beneficios a través de sus órganos de poder, sean asambleas,
consejos u otras formas de dirección. En principio, la asignación
percibido por cada trabajador es una participación en los ingresos
netos de la empresa. Por consiguiente, contarían con incentivos para
la producción en tanto, por un lado, cuantos más beneficios haya,
mayor será la retribución de cada trabajador, y, por otro lado,
procurarán que la empresa sea estable y no tenga pérdidas porque
sino tendrían que ser subsanadas con sus ingresos.
Los
partidarios de las EGT se basan en la experiencia de las cooperativas
de Mondragón, cuya organización horizontal la hace modelo de EGT y
cuya distribución es muy igualitaria (las diferencias retibutivas
tienen una proporción de 3 a 4, o, como mucho de 1 a 5)
(Roemer,1995, 74). Esta experiencia puede servir de modelo y muestra
que cabe la posibilidad de construir una similar Empresa Gestionada
por Trabajadores. Por no hablar, del funcionamiento y estabilidad de
las cooperativas integrales en Cataluña.
A
pesar de sus supuestas virtudes, Roemer indica que el principal
problema que se presenta en este tipo de empresas es su financiación.
Los trabajadores no deberían autofinanciarse por su poca cantidad de
ingresos para invertir y sus pocas posibilidades para ajustarse a los
riesgos. Si pidiesen créditos para materiales y maquinaria, tendrían
poca capacidad para pagarlo a tiempo (hasta la elaboración de los
bienes y servicios) y los intereses serían difíciles de cubrir.
Los
autores Jaques Drèze, Marc Fleurbaey y Thomas Weiskopf hicieron
propuestas para resolver este problema. Fleurbaey propone que las EGT
se financien por créditos bancarios de bancos que también son EGT.
Los ciudadanos depositarían sus ahorros en dichos bancos, aunque no
tengan capacidad para comprar las acciones de las empresas. Los
trabajadores y los bancos compartirían el control de la empresa.
Weisskopf,
por su parte, defiende que se mantendrían si fuesen financiadas por
la emisión de acciones en bolsa, por medio de lo cual los ciudadanos
podrían adquirir acciones de fondos mutualistas (que adquirirían
acciones de las empresas), aunque sin derecho a voto (por lo que la
soberanía de las empresas recaería sobre los trabajadores). Por
último, Drèze describe que los trabajadores deberían firmar
contratos con proveedores de capital para compartir el control de
algunas decisiones.
En
las propuestas realizadas, el salario de los trabajadores ya no
supone una participación en los ingresos de la empresa, variando el
sueldo según la fortuna de la empresa. Drèze indica un modo por
medio del cual los trabajadores estarían protegidos por
contingencias perjudiciales de la fortuna. Se lograría separando el
salario en dos partes: una fija pagada directamente a cada trabajador
y otra parte, variable según las circunstancias, que estaría
invertida en un fondo de seguridad social nacional.
A
través de este método, los trabajadores contarían con una base
segura. Las pensiones serían financiadas por un fondo expuesto solo
a un riesgo agregado a la economía. Dicho riesgo no amenazaría
seriamente a los trabajadores y ese hecho les proporcionaría
seguridad y confianza respecto a su empresa gestionada de forma
autónoma por ellos mismos. Lo cual, entraña que continuarían en
acción colectiva en dicho proyecto con buena disposición por
carecer de dudas e incertidumbres acerca de su viabilidad o sus
posibles riesgos.
A
pesar de que se han buscado soluciones a los posibles problemas que
puedan surgir en las EGT, Roemer entiende que todavía hay uno sin
forma de corregirlo. Según el autor, las EGT podrían no maximizar
el ingreso por trabajador, ya que no se han estudiado las propiedades
de eficiencia del equilibrio en el caso de que todas las EGT
maximizaran la ocupación. Aunque ella sea sujeta a un mínimo nivel
de renta, en una empresa EGT prima el aumento de empleados sobre los
ingresos particulares, ya que así se logra una mayor producción
global.
Empresas
colectiva con directivos
La
segunda posibilidad que contempla Roemer procura resolver la
mencionada problemática de mantener la tendencia empresarial a la
maximización de los beneficios. Consiste en la presencia de empresas
no privadas, pero con un director elegido por un consejo de
administración. No serían dirigidas las empresas democráticamente,
pero la distribución de la renta sería más igualitaria.
El
autor Bardhan propuso su versión de este modelo para intentar
resolver el problema de la restricción presupuestaria blanda de las
economías del Este. Él divide las empresas en grupos. Las empresas
de un grupo poseen acciones de otro grupo y viceversa. Los dividendos
que una empresa recibe de una empresa a otra se dividen entre sus
trabajadores. Los grupos están vinculados a un banco principal que
se ocupa de obtener capital para las empresas y controlar a los
ejecutivos.
A
través de esta estructura, se contaría con los incentivos
adecuados: las empresas y los bancos principales procurarían que los
demás grupos sigan estratregias maximizadoras. Al compartir
beneficios, los bancos y grupos intentarán que todas las estrategias
sean productivas, de forma que todas procurarán producir más con el
fin de que el resto les corresponda y se logre un beneficio mutuo.
Roemer
tiene otra versión de este modelo. Propone que las empresas también
sean financiadas por créditos de la banca pública, responsable de
controlar la gestión empresarial. Los beneficios se distribuyen
entre los accionistas, solo que los accionistas son los propios
trabajadores y otros ciudadanos que no pueden llegar a ser de la
clase alta.
Al
comienzo, el estado distribuye un número fijo de cupones o vales
para ciudadanos adultos. Se usan para adquirir acciones de las
empresas (ya que no se pueden comprar con dinero regular, sino que se
tiene derecho a obtenerlas por medio de cupones). La posesión de una
participación en una empresa (por tener acciones) otorga el derecho
al ciudadano a participar en los beneficios de la empresa (un derecho
exclusivo, dado que no se pueden vender por dinero ni acciones ni
cupones). Las participaciones de una empresa solo pueden ser
intercambiadas por participaciones en otras, a precio de cupón (de
esta manera, los precios en la bolsa de cupones oscilarán de la
misma manera que varían en un mercado de valores regular).
Se
requiere los cupones de muchas personas para adquirir una empresa,
por lo que, lógicamente, ninguna persona podría acaparar el poder
suficiente como para ejercer una influencia (o tenga el poder
suficiente) como para generar formas de dependencia que lo sitúen
por encima de los demás. Es decir, se imposibilitaría la presencia
de clases sociales y se tendería a una organización económica y
social sin jerarquías, en la que no se impida una distribución de
los recursos más igualitaria.
Como
ya se ha indicado, las empresas estarían organizadas en torno de un
pequeño número de bancos principales (similares a los keiretsu
japoneses). Ellos serían los
principales responsables de organizar consorcios crediticios
encargados de financiar las operaciones de las empresas de su grupo.
De alguna forma, serían responsables de controlar a esas empresas.
El banco tendría incentivos para controlar seriamente a las empresas
de su grupo, dado que si ellas logran beneficios (si son rentables y
estables), entonces podrán devolver los préstamos concedidos.
De
esta forma, la economía de cupones supone la combinación de los
mercados de valores con el control institucional a través de los
bancos. De esa manera, se puede conseguir que los bancos puedan
influir sobre las empresas más allá de los avatares de la bolsa,
capacitándoles a superar los problemas de la bolsa. Este hecho hace,
por un lado, que las empresas con directivos sean estables, por tener
capacidad de maniobra más allá de las eventualidades del mercado;
y, por otro lado, hace que la economía sea un poco más democrática,
dado que los consejos de administración de los grandes bancos
públicos serían elegidos por los ciudadanos residentes en la zona
de radicación del banco (según la sugerencia de Pollin).
Otro
aspecto que hace que las empresas de cupones sean eficientes es la
presencia de incentivos en la productividad. Reciben incentivos por
medio del reparto (sobre todo) a los trabajadores de los beneficios y
por proporcionar el incremento de la renta nacional, lo cual
beneficiaría a toda la sociedad (y a cada trabajador en particular)
por recibir ingresos de los beneficios del sector público.
De
esta forma, los trabajadores procurarían la mayor productividad de
las empresas por percibir parte de los beneficios (en función de su
posesión de cupones o participaciones) y porque el aumento de la
renta nacional de su estado le supone ganancias añadidas y
estabilidad de la economía (dado que los bancos son públicos y
sostienen a las empresas).
En
este tipo de régimen económico y social, el interés general
produce un beneficio particular a cada persona particular que genera
motivación como para aceptarlo e interiorizarlo como propio (por
interés) y participar activamente dentro de él para mantenerlo y
fortalecerlo. El comportamiento social, por tanto, tenderá a la
productividad y al crecimiento económico, con una cierta noción de
comunidad, dado que los intereses particulares y los generales
quedarán aunados (puesto que el beneficio total redunda en mayores
ganancias particulares a cada accionista-ciudadano).
Capitalismo
sin poder de clase
El
tercer modelo propuesto tiene dos versiones, la ideada por Fred Block
y la diseñada por Joshua Cohen y Joel Rogers. Block describe una
serie de medidas por las cuales el poder de los ricos en la vida
económica y política se verá reducido (la política se ve
demasiado influenciada por el poder de los agentes financieros, según
Block). Gracias a ellas se permitirá la igualación gradual de la
renta y la riqueza a través de una política fiscal progresiva.
Hay
dos medidas para conseguirla. La primera es el aumento drástico del
nivel de competencia en los mercados de capitales. Se tiene que hacer
este cambio porque se tiene que corregir el hecho de que el gran
poder económico de una pequeña clase de propietarios ricos en EEUU,
entre otros países, se derive de las prácticas no competitivas de
los grandes bancos, entre ellas las huelgas estratégicas de capital.
La
otra medida es un cambio en la estructura de gobierno de empresas y
bancos. Se lograría a través de la legislación, modificando la
estructura de los consejos de administración de las empresas, de
forma que un 35% de ellos fueran empleados, un 35% de propietarios
activos y un 30% de otras personas -consumidores o ciudadanos
locales-.
Por
un lado, aumentaría la competencia por leyes que limitaran la
amplitud y la brusquedad de los movimientos de capital a través de
las fronteras (ejerciendo cierto control respecto a las grandes
empresas, evitando tendencias monopolísticas); se incrementaría la
competencia en el sector financiero creando una serie de bancos
semipúblicos -comerciales y de inversiones-, que intervendrían en
el mercado, fomentando una mayor competitividad.
Y
por otro lado, el cambio en los organismos de las empresas,
componiéndolos con una porción de los empleados y otra de
consumidores, permitirá que la influencia de las clases altas no sea
absoluta y no puedan ostentar tanto poder como para tener un poder de
clase sobre las demás clases sociales.
De
esa forma se impide que las dependencias hacia los estratos altos de
la sociedad no sean tan grandes y que no influencie tanto a la
política. Así, las clases bajas tendrían cierto poder sobre las
decisiones de las empresas y sobre la política, de forma que
progresivamente puedan plasmarse sus propuestas. Una de esas
propuestas puede ser procurar una distribución de los recursos más
igualitaria.
Es
dudoso que los propietarios permitan ceder su poder. No tienen ningún
motivo para permitir este término medio entre capitalismo y
socialismo: va contra sus intereses, por lo que no consentiría estas
reformas. La principal debilidad de esta propuesta es que es menos
capaz de quebrar el poder de los ricos en la vida económica,
comparado con las dos anteriores propuestas. Por lo que se puede
deducir que tendría serias dificultades por estabilizarse dadas las
presiones que ejercerían las clases altas para eliminar estas
reformas.
Cohen
y Rogers, por su parte, defienden un sistema de “democracia
asociativa”. Es decir, abogan por robustecer el papel de las
organizaciones de ciudadanos (colectivos ecologistas, asociaciones de
consumidores, sindicatos y otras) de forma que ejerzan presión sobre
las empresas, fomentando que cambien de actitud.
A
pesar de que el derecho de propiedad legalmente no cambie, el poder
de las empresas se modificaría a medida que las asociaciones ejerzan
influencia sobre ellas. No existiría un único poder sobre las
empresas (el del propietario), ni sería posible un grupo social
específico (clase) que ejerciera el poder sobre asuntos económicos
en exclusiva y, por tanto, sobre los demás.
El
modelo Cohen-Rogers es un modelo de negociación, en el que se
pretende que todas las partes afectadas puedan dialogar en igualdad
entre ellas de forma que lleguen a acuerdos, evitando la
competitividad entre las partes y el faccionalismo ciego (tender a
buscar que se satisfagan las peticiones de cada facción, cerrarse en
las posiciones y no ceder).
La
propuesta de Cohen y Rogers no resulta factible por su falta de
concreción. No especifica cómo podría aunarse a las diferentes
asociaciones de intereses diferentes y formadas por personas y
organismos distintos. No explica cómo podrían unirse de forma que
supongan un poder lo suficientemente grande como para que presionen a
los directivos de las empresas.
Lo
mismo se podría señalar acerca de la propuesta de Block, que no
señala quién sería capaz de realizar la tarea de aunar a las
asociaciones de consumidores y a los empleados. Tampoco indica cómo
podrían resistir a las presiones de las clases altas por revocar las
reformas, cuyos intereses son opuestos a reducir su poder puesto que
tendrían menos influencia para tomar decisiones que satisfagan sus
intereses particulares.
Sin
embargo, ambas propuestas parten de instituciones presentes y
conforman, así, un medio realista para el tránsito del capitalismo
a una economía más democrática. Son propuestas viables ya que
tienen un plan de transición verosímil por partir de elementos
existentes en la sociedad actual, a partir de los cuales se puede
tender a la lucha y construcción de otro tipo de sociedad.
Según
Roemer, quizás sea posible la realización legal de estos modelos si
la socialdemocracia aunase fuerzas con un movimiento sindical tan
altamente disciplinado como para lograr que los trabajadores acepten
los acuerdos alcanzados tras la lucha obrera, y que tuviese un
movimiento unificado y homogéneo.
Es
decir, sin capacidad de presión los empresarios no se sientan a
negociar (por no haber motivos para ceder, dado que la otra parte no
tiene capacidad de coacción) y sin capacidad de cumplir los
convenios, los capitalistas no están dispuestos a negociar. No lo
hacen porque carecen de incentivos para hacerlo, puesto que
consideran inútil hacerlo dado que no ven creíble que la otra parte
vaya a realizar su parte del trato.
Según
Karl Moene y Michael Wallerstein, se debilitaron los pactos
socialdemócratas en la democracia social sueca durante los años
setenta y ochenta por la dispersión de los sindicatos y la carencia
de un frente unido en la negociación a escala nacional. Por lo que
se puede deducir que las políticas socialdemócratas suelen
necesitar contar con una base social que las respalde y permitan su
estabilidad.
Intervención
estatal en la economía
En
todos los modelos expuestos, el Estado puede tener un papel en la
economía como asistencial, ofreciendo apoyo y ayuda a los diferentes
modelos. Por un lado, el Estado asiste a la sociedad por la
distribución de la renta por medio de ayudas sociales o subsidios de
desempleo -el paro seguiría existiendo por los avatares del
mercado-. Por otro lado, puede otorgar incentivos a empresas,
fomentando programas reciclaje de trabajadores en paro, y puede dar
subvenciones para ayudar a las empresas.
Roemer
identifica tres formas de intervención estatal: 1) la inversión
pública en investigación, desarrollo (de forma que se logren
mejoras tecnológicas) y educación (formando trabajadores
cualificados y eficientes para las empresas); 2) construcción de
bienes públicos que faciliten el transporte de mercancías y
trabajadores haciéndolo más rápido (aeropuertos, carreteras...);
3) compensaciones a la incompletitud de los mercados (inversión
pública a empresas en apuros, otorgamiento de subvenciones a
empresas...).
Es
un tipo de intervención en el que, en principio, el estado no dirige
la economía, sino que sobre todo la auxilia o la fomenta. En este
tipo de estado solo hay una planificación limitada y puntual en los
casos en los que ocurre fallos en el mercado (ofreciendo subvenciones
o inversiones estatales a empresas en problemas bajo unas
determinadas condiciones).
En
este sentido, es posible la realización de una cierta planificación
estatal limitada, sin menoscabo del libre mercado. Oskar Lange diseñó
una planificación de este tipo mediante la aplicación de descuentos
sobre el tipo de interés y tipos impositivos, gracias a la cual las
empresas se vean motivadas a invertir en sectores de la economía que
necesitan ser equilibrados.
A
través de este mecanismo, se dan indirectamente unas directrices
indirectas (incentivos) a las empresas para que adquieran una
determinada cantidad de bien de inversión para lograr un equilibrio
de mercado: una vez satisfecho la oferta puede igualar a la demanda
en los demás mercados.
O
bien, de forma directa, el Estado adquiere en el mercado abierto el
bien de inversión mencionado y lo da a las empresas en determinadas
cantidades y de forma equitativa (prohibiendo que las empresas vendan
a otras empresas la donación de la inversión), logrando de nuevo el
equilibrio de mercado y sin un control directo de las empresas.
El
tipo de Estado deberá ser democrático, de forma que se dificulte la
posibilidad de una gran intervención estatal de la economía (más
propia de dictaduras burocráticas que procuran tener el mayor poder y
control).
Cuanto más participativa, mejor; en tanto en cuanto de dicha manera
el poder de las clases populares (clase trabajadora, asociaciones de
consumidores, movimientos sociales...) puedan ser ejercidos y se
limiten las clases jerárquicas. Las asociaciones socialistas,
colectivos sociales y movimientos sociales pueden verse unidos por la
necesidad de la presión de la explotación y su lucha contra ella,
conformando asambleas que servirán de base a una consecuente democracia
participativa que sea necesaria para lograr garantías de la eliminación
de la explotación.
Dicha
intervención estatal limitada por la participación popular quizá
pueda ayudar a sustentar los distintos modelos de socialismo de
mercado. Todos ellos presentan problemas y cabe preguntarse si podrán
resolver tantas dificultades, pero tal vez las ayudas estatales
podrían fortificarlos.
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